STF avala el fin del doble tope para jubilados y pensionistas de RPPS con enfermedad incapacitante

La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil afecta a la antigua protección contributiva destinada a jubilados y pensionistas de un Régimen Propio de Previsión Social (RPPS) con enfermedad incapacitante. El tribunal validó la derogación de la regla que, cuando resultaba aplicable al régimen concreto, permitía cobrar la cotización únicamente sobre la parte que superaba el doble del tope del Régimen General de Previsión Social (RGPS).

La sentencia no crea un tipo nacional, no convierte automáticamente en correcto cualquier descuento ni significa que la cotización sea igual al tope. La derogación eliminó la garantía constitucional de esa franja ampliada de exención. La base efectiva, el tipo y cualquier cobro sobre la parte que supere el tope del RGPS deben comprobarse en las normas del RPPS al que pertenece el beneficiario.

Qué regla consideró válida el STF

Por mayoría, el STF consideró válida la derogación del antiguo apartado 21 del artículo 40 de la Constitución. El tribunal concluyó el examen de la Acción Directa de Inconstitucionalidad 6336, o ADI 6336, el 29 de octubre de 2026, según la información oficial del STF.

Mientras estuvo vigente, la disposición establecía que los jubilados y pensionistas con enfermedad incapacitante, conforme a la ley, cotizaban solamente por la parte de sus haberes que superaba dos veces el importe máximo de las prestaciones del RGPS. La Enmienda Constitucional 103/2019 derogó ese apartado, como consta también en la base legislativa del Senado.

El STF no creó una cotización ni determinó el importe de un descuento individual. Decidió que retirar aquella protección constitucional ampliada no vulneraba la igualdad, la dignidad humana ni la prohibición de retroceso.

A quién puede alcanzar la sentencia

La decisión se centra en jubilados y pensionistas afiliados a un RPPS que podían estar cubiertos por la antigua norma para beneficiarios con enfermedad incapacitante. El artículo 40 regula los regímenes propios de los titulares de cargos públicos efectivos, financiados por el ente público, los empleados activos, los jubilados y los pensionistas.

El texto de la Enmienda 103 publicado por la Cámara de Diputados distingue a este grupo de quienes ocupan exclusivamente cargos de libre designación, puestos temporales, mandatos electivos o empleos públicos, sujetos al RGPS. Por tanto, haber trabajado para una Administración no basta para concluir que la decisión resulta aplicable.

La jubilación por incapacidad permanente para el trabajo y el reconocimiento de una enfermedad incapacitante a efectos de la antigua exención son además cuestiones distintas. El proceso examinó la derogación de esta última protección, no todas las normas de acceso o cálculo de las jubilaciones por incapacidad.

Por qué no es una regla general del INSS

Los RPPS y el RGPS son sistemas diferentes. En la ADI 6336, el tope del RGPS funciona como referencia para delimitar la franja contributiva discutida. Eso no convierte a los beneficiarios de RPPS en asegurados del INSS ni modifica automáticamente las prestaciones del régimen general.

La orientación de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional trata por separado a los jubilados del RGPS, los jubilados y pensionistas de regímenes propios y los empleados públicos con enfermedad incapacitante. También indica que el antiguo apartado 21, mientras estuvo vigente, dependía de una norma federal de desarrollo o de reglas del ente correspondiente. La sentencia no permite concluir que afecte a toda jubilación por incapacidad pagada por el INSS.

Esta decisión pertenece exclusivamente al derecho constitucional y previsional brasileño. Las fuentes citadas no le atribuyen efectos en España, México ni otros países.

Qué revisar en el recibo y la prestación

Primero, identifique el régimen y el organismo gestor en la resolución de jubilación, el comprobante de la prestación o el portal del empleado público. Busque las indicaciones RPPS, PSS o RGPS. Después, localice el concepto de la cotización, su base, el tipo aplicado y el importe bruto considerado en ese periodo.

Compruebe también si el expediente administrativo reconoce una enfermedad incapacitante y qué norma del ente fundamenta el cobro. Conserve la resolución de jubilación, recibos anteriores, decisiones administrativas, informes médicos ya presentados al organismo y comunicaciones de la unidad previsional.

Comparar recibos puede revelar un cambio de concepto o de base, pero una diferencia en el importe neto no demuestra su causa. Las revalorizaciones y otras retenciones también pueden alterar el total. El tope del RGPS y las normas del régimen pueden cambiar; consulte la web oficial del organismo responsable antes de calcular importes.

Lo que la sentencia no resuelve por sí sola

La decisión no determina cuánto debe pagar cada beneficiario ni confirma que una retención específica sea correcta. El resultado individual depende del régimen, la legislación aplicable, la base de la prestación y el historial administrativo. Tampoco equivale a una exención brasileña del impuesto sobre la renta por enfermedad grave: la cotización previsional y el impuesto son cargas distintas.

Existe además una cautela documental. La ficha electrónica de la ADI 6336 todavía mostraba “pendiente de juicio” en el contenido consultado, aunque la noticia oficial afirma que el Pleno concluyó el proceso. Antes de iniciar una actuación formal, compruebe la actualización del expediente, la publicación de la sentencia y las instrucciones del gestor del RPPS.

Cómo cuestionar un descuento concreto

Si los datos no coinciden, solicite a recursos humanos o a la entidad previsional la memoria de cálculo y el fundamento normativo. Indique el periodo, el nombre del concepto, la base utilizada, el tipo y el régimen señalado en la prestación.

La sentencia confirma la validez de la derogación constitucional, pero no exime a la Administración de explicar un cobro individual. Si persiste la discrepancia, una entidad representativa o un profesional habilitado en Brasil puede examinar la documentación sin presumir que todos los jubilados por incapacidad están en la misma situación.